CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL INFORME DEL RELATOR ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EL DR. DAINIUS PÜRAS

Escrito por la Doctora Rosa Molina Ruiz y el Doctor Camilo Vázquez Caubet

El mandato del relator especial, Dainius Puras, referente al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mentalse basa en dos pilares estratégicos fundamentales: el marco de los Derechos Humanos, por un lado, y el abordaje preventivo amplio propio de las políticas modernas de salud pública.

Nos resulta de especial relevancia su atención a la inequidad, fruto de una interacción compleja entre asimetrías de poder, inercias institucionales, la exclusión de los receptores finales en la toma de decisiones así como el riesgo de una interpretación y aplicación selectiva de los Derechos Humanos.

Al mismo tiempo nos parece fundamental la defensa de una asistencia sanitaria organizada en torno al nivel primario, universal, público y arraigado en la comunidad. El enfoque del ciclo vital a la hora de evaluar las etapas de riesgo debe prestar especial atención a la infancia y la salud perinatal, pero no debe descuidar tampoco la discapacidad y los retos éticos que cada vez son más patentes en las últimas etapas de la vida. Asimismo, la violencia es una cuestión transversal presente en todos los elementos clave del ejercicio del derecho a la salud.

La atención a la salud mental resulta fundamental para lograr un bienestar integral, y deben asegurar el respeto de los DDHH y civiles de las personas con enfermedad mental y promover la organización de servicios comunitarios que garanticen su cumplimiento. Se debe superar la institucionalización excesiva, diversos procedimientos de restricción física o química, así como la marginación social secundaria a éstas prácticas.  Sin embargo, hay que considerar que las violaciones de los DDHH no son exclusivas de las instituciones cerradas, y que estas pueden tener lugar incluso cuando se han establecido una serie de servicios basados en la atención comunitaria Muchas veces es la insensibilización respecto a los derechos la lleva a que se den pautas de comportamiento profesional que vulneran derechos.

No debemos caer en el proceso en concepciones reduccionistas, ni del nivel psicológico ni del biológico, y cualquier caso buscar visiones integradoras y complementarias como el modelo social de discapacidad, que resalta los obstáculos o limitaciones existentes en el entorno y que impiden la participación plena y efectiva en la sociedad.

La búsqueda del pleno bienestar es, en suma, una exigencia ética de primer orden, y no una simple “invitación” a su cumplimiento, que le corresponde asumir a los Estados, pero en la que sus habitantes deben ser llamados a una implicación activa y corresponsable. Debemos ser capaces de luchar por dicho bienestar sin hacer uso excesivo de la óptica restringida de lo sanitario, por cuanto se corre el riesgo de medicalizar aspectos de la existencia humana que no corresponden al ámbito de la patología, sino al de la siempre complicada relación con el otro.

La consecución de todos estos objetivos implica la participación activa de todos los agentes, la adopción de medidas de formación y sensibilización, medidas organizativas y de gestión, inclusión de comisiones, órganos preventivos y de vigilancia, que garanticen su correcto cumplimiento, y que todo lo expuesto no quede reducido a una mera declaración de intenciones.